miércoles, 29 de agosto de 2018
miércoles, 1 de agosto de 2018
viernes, 4 de mayo de 2018
sábado, 17 de marzo de 2018
EL INFORME DICE QUE LA GESTIÓN DIRECTA DE LA CONSELLERIA HUBIERA AHORRADO 3,3 MILLONES DE EUROS
17/03/2018 -
VALÈNCIA. Este jueves la Sindicatura de Comptes publicó una auditoría de los servicios de extinción de incendios forestales en la Comunitat Valenciana. Un informe que más allá de esclarecer que estos trabajos costaron 320,3 millones de euros a la Generalitat entre los años 2011 y 2015, también cuestiona la gestión de medios para acometer dichas tareas en 2015, el último medio año del Gobierno popular y el otro medio de la entrada PSPV y Compromís. En este sentido, el informe detalla que la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (ASVRE) contrató a las brigadas de emergencias terrestres con la empresa pública Tragsa -dependiente del Ministerio de Agricultura y Pesca- mediante una encomienda de gestión sin que este método estuviera lo suficientemente justificado. También encargaron la dirección operativa y funcional de las brigadas terrestres a los consorcios provinciales de bomberos de Castellón y València en sus respectivas provincias mediante la misma fórmula.
Así, el informe pone de manifiesto que del total de 22,9 millones de euros facturados por la empresa pública mediante este tipo de procedimiento, un total de 3,15 millones de euros "corresponde a precios establecidos a tanto alzado" y por lo tanto ni la AVSRE ni la institución presidida por Vicent Cucarella pudieron "verificar si corresponden a costes efectivos". En total, este "pago no justificado" supone el 13,8% del total facturado por Tragsa a las arcas públicas valencianas.
Al respecto, la auditoría señala además que la Sindicatura solo pudo tener acceso al expediente de noviembre de 2015 en el que la AVSRE describe que la prestación del servicio por parte de la empresa pública Tragsa era "de menor coste que la que pudiese resultar de contratarlo a una entidad privada" si se atendía a los salarios de personal. Sin embargo, para la Sindicatura este es un razonamiento "meramente declarativo de circunstancias que no está suficientemente acreditadas al no estar documentadas mediante los correspondientes informes o estudios" que justificasen la idoneidad de optar por la encomienda de gestión.
Encomiendas de gestión sin formalizar
Del mismo modo, y atendiendo al mismo año, este órgano estatutario denuncia que se formalizaron cinco encomiendas de gestión con Tragsa por un importe que alcanza los 16,8 millones de euros, pero que en los meses de mayo, septiembre y octubre se realizaron dichos servicios sin haberse formalizado las encomiendas. Unas mensualidades en los que el importe facturado supuso 6,2 millones.
Al respecto, el anexo del informe de la Sindicatura detalla que esta situación se produce por "la insuficiente dotación presupuestaria inicial" por lo que las encomiendas "van formalizándose en virtud del crédito disponible". "De esta forma se incrementan las labores administrativas y se recurre a expedientes de resarcimiento para pagar a Tragsa por el servicio realizado", detalla el documento.
Sobrecoste de 3 millones por la intermediación de Tragsa
Otro de los hechos relevantes que recoge esta auditoría es el sobrecoste que supone para las arcas valencianas que los recursos personales y materiales para las brigadas de emergencia terrestre sean suministradas por Tragsa. El informe pone de manifiesto que si este servicio hubiese sido prestado de forma directa por la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias "se obtendría un ahorro potencial derivado del incremento del 10,6% aplicado en las tarifas, puesto que se subrogaría el personal de la encomienda con sus costes salariales actuales y la AVSRE no abonaría dicho incremento".
"Además se ha observado que los precios unitarios se incrementan en un 4% en concepto de gastos generales, por lo que consideramos que este concepto genérico no debería facturarse debido a que ya se facturan individualmente la mayor parte de los conceptos que corresponderían a gastos generales" añade. Concluye que de haberse prestado el servicio directamente se podría haber ahorrado un total de 3,26 millones de euros, lo que supone un 14,3% del total facturado por Tragsa.
http://valenciaplaza.com/la-sindicatura-de-comptes-considera-que-el-14-de-los-pagos-a-tragsa-en-2015-no-estan-justificados
viernes, 23 de febrero de 2018
Los bomberos forestales denuncian coacciones de la adjudicataria «Tragsa»
La sección sindical SPPLB de Bomberos Forestales, denunció públicamente ayer la «coacción que están sufriendo los trabajadores por parte de la empresa concesionaria Tragsa», una firma semipública que según el sindicato hace «muchos años que ha dejado de convertir en indefinidos a los trabajadores con derecho a ello, saltándose a la torera lo estipulado en el VI Convenio Colectivo y el propio Estatuto de los Trabajadores». En este sentido, se está enfrentando a una «avalancha de litigios por parte de los bomberos forestales que se encuentran en fraude de Ley», pero ha optado por «impedir a sus trabajadores que se puedan personar en los actos a los que son convocados por los juzgados laborales, sobre todo, conciliaciones y juicios frente a la propia empresa.
Actualmente en la provincia de Alicante hay 10 unidades de 13 efectivos cada una a los que se les suman mandos, cargos intermedios y trabajadores con otras funciones, unos 150. No obstante, desde 2012 (cuando sólo había 8 unidades) la empresa no acaba con la temporalidad de sus trabajadores, habiendo cerca de 20 litigios laborales abiertos sólo en la provincia. Esto, más el hecho de que se les coaccione impidiéndoles personarse, según el sindicato, «supone un grave ataque contra el derecho de defensa de los bomberos forestales, aprovechando su posición de autoridad de la empresa»..
«Estos hechos no son nuevos para el colectivo, que ya está acostumbrado a sufrir los continuos abusos de Tragsa», continuaron en su comunicado, «pero este asunto es más grave todavía cuando gracias a todo esto, Tragsa está ganando dinero a través de esta contratación eventual en fraude de Ley, ya que le permite implementar unos salarios más bajos». Más aún en una empresa con capital público d de la SEPI (administración central) y que trabaja para la propia administración, «por lo que debería dar ejemplo», añaden desde el sindicato. «Con esta estrategia de doble martillo (mayor temporalidad y salarios más bajos) ya son más de un centenar de trabajadores afectados y en breve las cifras pueden alcanzar a la mitad de la plantilla».
«No obstante, la respuesta de la empresa es recurrir todas y cada una de las demandas planteadas por los trabajadores hasta llegar al TSJ. Recordamos que todo estos litigios son con cargo a fondos públicos, ya que Tragsa se nutre del dinero aportado por las administraciones públicas, mientras que los trabajadores tienen que afrontar el proceso con su escaso salario y desafiando las órdenes emitidas por sus superiores». Algo que puede acrecentarse en los próximos meses como consecuencia de la subrogación del servicios a la Agencia Valenciana de Emergencias aprobada por unanimidad en la Ley de Presupuestos de 2018.
Diario El Mundo
miércoles, 7 de febrero de 2018
martes, 6 de febrero de 2018
lunes, 23 de octubre de 2017
lunes, 9 de octubre de 2017
martes, 19 de septiembre de 2017
lunes, 11 de septiembre de 2017
sábado, 12 de agosto de 2017
Incendio de Torremanzanas: las cicatrices cinco años después
A los dos fallecidos y al resto de víctimas se suma la causa judicial todavía abierts
Empezó casi tímidamente en la tarde del 12 de agosto de 2012 aunque su voracidad pronto se hizo patente: una lengua de fuego que acabó arrasando 600 hectáreas entre los términos de Penáguila y Torremanzanas. Los efectivos desplegados tardaron una semana en extinguir el incendio definitivamente y en esas labores perdieron la vida dos hombres: el agente medioambiental Ernesto Aparicio Esteve y el bombero forestal Emilio Abargues Bataller.
Cinco años después, el bosque se ha regenerado y los injertos de piel han cicatrizado -aparte de los dos fallecidos, ingresaron en el hospital personas con quemaduras en el 60% y el 70% de su cuerpo- pero hay «heridas morales» aún por cerrar, «que previamente deben ser desinfectadas».
Así lo manifiestan desde el colectivo de bomberos forestales, quienes consideran que «no se puede pasar página sin más». Fuentes de este entorno afirman que actuar de esa forma «puede ser conveniente a nivel político o empresarial pero asumir que aquello fue un mal fortuito, algo que cayó del cielo, no hace ningún bien a nadie, por muchos monolitos que instalemos». Por ese motivo, confían en que el proceso judicial, reabierto en 2016, arroje algo de luz y siente las bases para adoptar medidas correctoras, como ocurrió tras el juicio del incendio de Horta de Sant Joan (Tarragona) o del de Guadalajara. «No se trata de crucificar a nadie, sino de depurar aquellas cosas que no se hicieron bien», apuntan las mismas fuentes.
Causa Judicial
El propio proceso judicial también ha sido complicado y traumático, especialmente para las familias de los fallecidos, que vieron cómo la juez sobreseía en 2015 la causa, en la que figuraban como investigados por dos delitos de homicidio por imprudencia y varios delitos de lesiones tres responsables de la coordinación de los trabajos de extinción del fuego.
La decisión fue tomada por la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de San Vicente del Raspeig tras la petición de la Fiscalía, que lo había solicitado al entender que no existió ilícito penal. En aquel momento, la juez fundamentó su decisión en un informe del Grupo Operativo de Investigación de Incendios Forestales de la Conselleria de Gobernación y Justicia de la Generalitat Valenciana.
Ese documento establecía, por ejemplo, que el cortafuegos realizado no podía considerarse «inadecuado al fin pretendido» ya que se ejecutó «a una distancia no inferior a 400 metros del frente principal y no generó riesgo alguno para las partes».
Pese a la decisión judicial, la Audiencia de Alicante estimó posteriormente los recursos interpuestos por las partes y ordenó en diciembre de 2016 reabrir la investigación.
Esta oportunidad ha sido aprovechada por las viudas de los fallecidos para presentar el informe de un peritaje externo, elaborado por un ingeniero de montes que ejerce como profesor de incendios forestales en la Universidad de Valencia.
Ellas mismas han encargado y sufragado este documento, «impecable», según fuentes cercanas, en el que se analizan todas las variantes climatológicas, técnicas y orográficas, así como los procedimientos que se llevaron a cabo durante la actuación. «La suerte es que la mayoría de testigos e implicados han sobrevivido. Con su testimonio y con el nuevo informe pericial confiamos en poder establecer cuáles fueron las causas de lo que ocurrió», aseguran desde el colectivo de bomberos forestales.
Desde este mismo ámbito no se explican por qué no se ha apartado del cargo -como medida de precaución- al jefe de dotaciones investigado en el caso. «Que siga al frente no beneficia a la defensa jurídica de esta persona, ni a la integridad moral de las víctimas ni al operativo», aseveran desde la representación de este colectivo.
Mientras en los juzgados sigue instruyéndose la causa, estos días son para el recuerdo (y la reivindicación). Hoy mismo, familiares, compañeros y amigos de los dos fallecidos se trasladan al punto donde les atrapó el fuego y donde desde hace cinco años se realiza un acto simbólico, en recuerdo de los que murieron y en apoyo a las otras víctimas. Este año, se plantará una carrasca y se colgarán mensajes en tiras de tela de colores en un brazo seco de enebro que ardió en el incendio.
Paralelamente, la Generalitat Valenciana puso ayer el nombre de Emilio Albargues al Parque de Emergencias de Onil y por su parte, el Ayuntamiento de Torremanzanas instaló un monolito frente al Centro Cultural, recordando a los dos fallecidos y celebró un acto de homenaje.
miércoles, 9 de agosto de 2017
viernes, 14 de julio de 2017
Educació presenta al Consell Valencià de Formació Professional la proposta de 2.825 places per a acreditar la competència professional durant el curs 2017-2018
14/07/2017
La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha presentat al Consell Valencià de Formació Professional la seua proposta per a convocar 2.825 places de nou sectors per a acreditar la competència professional adquirida mitjançant l'experiència laboral. Aquesta acreditació es durà a terme durant el curs 2017-2018 i en total s'ha previst una inversió màxima de 556.000 euros per a la realització de les proves, és a dir, un 13,5% més que el passat curs.
La directora general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, Marina Sánchez, ha destacat l'esforç que realitza l'Administració per "atendre tants professionals de diversos col·lectius que podran veure reconeguda la seua competència amb l'objectiu de millorar les seues perspectives laborals, perquè no sols finalitzaran amb un reconeixement oficial de les competències professionals que posseeixen, sinó que també podran seguir formant-se per a obtindre un certificat de professionalitat o títol de Formació Professional, amb la convalidació dels mòduls reconeguts i cursant els mòduls que els falten".
Les 2.825 places que es convocaran pertanyen a nou sectors professionals: Atenció a persones dependents en institucions i domicili; Seguretat i medi ambient, bombers forestals; Seguretat i medi ambient, actuacions forestals; Aplicador de biocides; Hostaleria i turisme; Manteniment de vehicles; Arts i artesania: fallers i foguerers; Transport sanitari; i Instal·lador de plaques d'algeps, edificació i obra civil.
En concret, del total de places, 2.325 seran convocatòries ordinàries, és a dir, que podrà presentar-se qualsevol persona que complisca els requisits; i d'altra banda, es convocaran 500 places dirigides a col·lectius específics, com ara personal militar procedent del Tercer Batalló d'Intervenció en Emergències de Bétera, o de Campament Alacant.
L'oferta per al nou curs, consensuada amb els agents econòmics i socials presents en el Consell Valencià de Formació Professional, i en la qual han col·laborat de manera destacada els centres integrats públics de Formació Professional, preveu dues novetats.
D'una banda, l'oferta per primera vegada de 600 places per a acreditar qualificacions en operacions de vigilància i extinció d'incendis forestals i suport a contingències en el medi rural, així com prevenció d'incendis i manteniment, i atenció sanitària a múltiples víctimes i catàstrofes, de les quals 400 estan dirigides específicament a personal de TRAGSA i FORESMA, i 200 a personal del Tercer Batalló d'Intervenció en Emergències de Bétera.
Així mateix, l'oferta preveu també per primera vegada la convocatòria de 150 places per a instal·lador de plaques d'algeps laminat i falsos sostres, atenent d'aquesta manera la sol·licitud d'empreses del sector.
També està previst convocar 400 places per a acreditar l'atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials o en domicili, continuant així amb el compromís de la Generalitat amb l'atenció a la dependència.
D'altra banda, es convocaran 700 places per a aplicador de biocides, és a dir, serveis per al control de plagues; 450 per a acreditar operacions bàsiques de cuina; 150 per a manteniment de sistemes elèctrics i electrònics de vehicles, manteniment del motor i sistemes auxiliars, i manteniment de sistemes de transmissió de força i trens de rodatge de vehicles; 75 per a construcció de decorats per a l'escenografia d'espectacles en viu, esdeveniments i audiovisuals; i finalment, 300 places per a transport sanitari i atenció a múltiples víctimes i catàstrofes, específicament dirigida a personal militar de FFAA Campament Alacant.
La directora general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, Marina Sánchez, ha destacat l'esforç que realitza l'Administració per "atendre tants professionals de diversos col·lectius que podran veure reconeguda la seua competència amb l'objectiu de millorar les seues perspectives laborals, perquè no sols finalitzaran amb un reconeixement oficial de les competències professionals que posseeixen, sinó que també podran seguir formant-se per a obtindre un certificat de professionalitat o títol de Formació Professional, amb la convalidació dels mòduls reconeguts i cursant els mòduls que els falten".
Les 2.825 places que es convocaran pertanyen a nou sectors professionals: Atenció a persones dependents en institucions i domicili; Seguretat i medi ambient, bombers forestals; Seguretat i medi ambient, actuacions forestals; Aplicador de biocides; Hostaleria i turisme; Manteniment de vehicles; Arts i artesania: fallers i foguerers; Transport sanitari; i Instal·lador de plaques d'algeps, edificació i obra civil.
En concret, del total de places, 2.325 seran convocatòries ordinàries, és a dir, que podrà presentar-se qualsevol persona que complisca els requisits; i d'altra banda, es convocaran 500 places dirigides a col·lectius específics, com ara personal militar procedent del Tercer Batalló d'Intervenció en Emergències de Bétera, o de Campament Alacant.
L'oferta per al nou curs, consensuada amb els agents econòmics i socials presents en el Consell Valencià de Formació Professional, i en la qual han col·laborat de manera destacada els centres integrats públics de Formació Professional, preveu dues novetats.
D'una banda, l'oferta per primera vegada de 600 places per a acreditar qualificacions en operacions de vigilància i extinció d'incendis forestals i suport a contingències en el medi rural, així com prevenció d'incendis i manteniment, i atenció sanitària a múltiples víctimes i catàstrofes, de les quals 400 estan dirigides específicament a personal de TRAGSA i FORESMA, i 200 a personal del Tercer Batalló d'Intervenció en Emergències de Bétera.
Així mateix, l'oferta preveu també per primera vegada la convocatòria de 150 places per a instal·lador de plaques d'algeps laminat i falsos sostres, atenent d'aquesta manera la sol·licitud d'empreses del sector.
També està previst convocar 400 places per a acreditar l'atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials o en domicili, continuant així amb el compromís de la Generalitat amb l'atenció a la dependència.
D'altra banda, es convocaran 700 places per a aplicador de biocides, és a dir, serveis per al control de plagues; 450 per a acreditar operacions bàsiques de cuina; 150 per a manteniment de sistemes elèctrics i electrònics de vehicles, manteniment del motor i sistemes auxiliars, i manteniment de sistemes de transmissió de força i trens de rodatge de vehicles; 75 per a construcció de decorats per a l'escenografia d'espectacles en viu, esdeveniments i audiovisuals; i finalment, 300 places per a transport sanitari i atenció a múltiples víctimes i catàstrofes, específicament dirigida a personal militar de FFAA Campament Alacant.
martes, 4 de julio de 2017
lunes, 3 de julio de 2017
miércoles, 31 de mayo de 2017
jueves, 25 de mayo de 2017
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