Comunicado

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EL INFORME DICE QUE LA GESTIÓN DIRECTA DE LA CONSELLERIA HUBIERA AHORRADO 3,3 MILLONES DE EUROS

17/03/2018 - 

VALÈNCIA. Este jueves la Sindicatura de Comptes publicó una auditoría de los servicios de extinción de incendios forestales en la Comunitat Valenciana. Un informe que más allá de esclarecer que estos trabajos costaron 320,3 millones de euros a la Generalitat entre los años 2011 y  2015, también cuestiona la gestión de medios para acometer dichas tareas en 2015, el último medio año del Gobierno popular y el otro medio de la entrada PSPV y Compromís. En este sentido, el informe detalla que la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (ASVRE) contrató a las brigadas de emergencias terrestres con la empresa pública Tragsa -dependiente del Ministerio de Agricultura y Pesca- mediante una encomienda de gestión sin que este método estuviera lo suficientemente justificado. También encargaron la dirección operativa y funcional de las brigadas terrestres a los consorcios provinciales de bomberos de Castellón y València en sus respectivas provincias mediante la misma fórmula. 

Así, el informe pone de manifiesto que del total de 22,9 millones de euros facturados por la empresa pública mediante este tipo de procedimiento, un total de 3,15 millones de euros "corresponde a precios establecidos a tanto alzado" y por lo tanto ni la AVSRE ni la institución presidida por Vicent Cucarella pudieron "verificar si corresponden a costes efectivos". En total, este "pago no justificado" supone el 13,8% del total facturado por Tragsa a las arcas públicas valencianas. 

Al respecto, la auditoría señala además que la Sindicatura solo pudo tener acceso al expediente de noviembre de 2015 en el que la AVSRE describe que la prestación del servicio por parte de la empresa pública Tragsa era "de menor coste que la que pudiese resultar de contratarlo a una entidad privada" si se atendía a los salarios de personal. Sin embargo, para la Sindicatura este es un razonamiento "meramente declarativo de circunstancias que no está suficientemente acreditadas al no estar documentadas mediante los correspondientes informes o estudios" que justificasen la idoneidad de optar por la encomienda de gestión. 

Encomiendas de gestión sin formalizar

Del mismo modo, y atendiendo al mismo año, este órgano estatutario denuncia que se formalizaron cinco encomiendas de gestión con Tragsa por un importe que alcanza los 16,8 millones de euros, pero que en los meses de mayo, septiembre y octubre se realizaron dichos servicios sin haberse formalizado las encomiendas. Unas mensualidades en los que el importe facturado supuso 6,2 millones. 

Al respecto, el anexo del informe de la Sindicatura detalla que esta situación se produce por "la insuficiente dotación presupuestaria inicial" por lo que las encomiendas "van formalizándose en virtud del crédito disponible". "De esta forma se incrementan las labores administrativas y se recurre a expedientes de resarcimiento para pagar a Tragsa por el servicio realizado", detalla el documento. 

Sobrecoste de 3 millones por la intermediación de Tragsa

Otro de los hechos relevantes que recoge esta auditoría es el sobrecoste que supone para las arcas valencianas que los recursos personales y materiales para las brigadas de emergencia terrestre sean suministradas por Tragsa. El informe pone de manifiesto que si este servicio hubiese sido prestado de forma directa por la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias "se obtendría un ahorro potencial derivado del incremento del 10,6% aplicado en las tarifas, puesto que se subrogaría el personal de la encomienda con sus costes salariales actuales y la AVSRE no abonaría dicho incremento". 

"Además se ha observado que los precios unitarios se incrementan en un 4% en concepto de gastos generales, por lo que consideramos que este concepto genérico no debería facturarse debido a que ya se facturan individualmente la mayor parte de los conceptos que corresponderían a gastos generales" añade. Concluye que de haberse prestado el servicio directamente se podría haber ahorrado un total de 3,26 millones de euros, lo que supone un 14,3% del total facturado por Tragsa. 

http://valenciaplaza.com/la-sindicatura-de-comptes-considera-que-el-14-de-los-pagos-a-tragsa-en-2015-no-estan-justificados

Los bomberos forestales denuncian coacciones de la adjudicataria «Tragsa»

La sección sindical SPPLB de Bomberos Forestales, denunció públicamente ayer la «coacción que están sufriendo los trabajadores por parte de la empresa concesionaria Tragsa», una firma semipública que según el sindicato hace «muchos años que ha dejado de convertir en indefinidos a los trabajadores con derecho a ello, saltándose a la torera lo estipulado en el VI Convenio Colectivo y el propio Estatuto de los Trabajadores». En este sentido, se está enfrentando a una «avalancha de litigios por parte de los bomberos forestales que se encuentran en fraude de Ley», pero ha optado por «impedir a sus trabajadores que se puedan personar en los actos a los que son convocados por los juzgados laborales, sobre todo, conciliaciones y juicios frente a la propia empresa.

Actualmente en la provincia de Alicante hay 10 unidades de 13 efectivos cada una a los que se les suman mandos, cargos intermedios y trabajadores con otras funciones, unos 150. No obstante, desde 2012 (cuando sólo había 8 unidades) la empresa no acaba con la temporalidad de sus trabajadores, habiendo cerca de 20 litigios laborales abiertos sólo en la provincia. Esto, más el hecho de que se les coaccione impidiéndoles personarse, según el sindicato, «supone un grave ataque contra el derecho de defensa de los bomberos forestales, aprovechando su posición de autoridad de la empresa»..

«Estos hechos no son nuevos para el colectivo, que ya está acostumbrado a sufrir los continuos abusos de Tragsa», continuaron en su comunicado, «pero este asunto es más grave todavía cuando gracias a todo esto, Tragsa está ganando dinero a través de esta contratación eventual en fraude de Ley, ya que le permite implementar unos salarios más bajos». Más aún en una empresa con capital público d de la SEPI (administración central) y que trabaja para la propia administración, «por lo que debería dar ejemplo», añaden desde el sindicato. «Con esta estrategia de doble martillo (mayor temporalidad y salarios más bajos) ya son más de un centenar de trabajadores afectados y en breve las cifras pueden alcanzar a la mitad de la plantilla».

«No obstante, la respuesta de la empresa es recurrir todas y cada una de las demandas planteadas por los trabajadores hasta llegar al TSJ. Recordamos que todo estos litigios son con cargo a fondos públicos, ya que Tragsa se nutre del dinero aportado por las administraciones públicas, mientras que los trabajadores tienen que afrontar el proceso con su escaso salario y desafiando las órdenes emitidas por sus superiores». Algo que puede acrecentarse en los próximos meses como consecuencia de la subrogación del servicios a la Agencia Valenciana de Emergencias aprobada por unanimidad en la Ley de Presupuestos de 2018.

Diario El Mundo

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